El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Cádiz publica hoy la convocatoria
de subvenciones al alquiler del Ayuntamiento de San Fernando, que cuenta
con una partida de 100.000 euros, y que supone la primera vez que se
destina presupuesto municipal a conceder estas ayudas para apoyar a las
personas y viviendas en situación muy vulnerable de la localidad.
Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 10 días hábiles una vez
que se produzca la publicación de la convocatoria en el tablón municipal y
en la página web del Ayuntamiento de San Fernando, www.sanfernando.es,
lo que ocurrirá en unos días.
Este programa de ayudas, que gestiona la empresa pública Empresa de
Vivienda y Suelo (Esisa), va a beneficiar a los usuarios y familias en
situación vulnerable que residan tanto en viviendas de propiedad municipal como en vivienda privada, y podrán cubrir sus necesidades durante un total de un año.
De esta forma, esta cobertura social permitirá atender las necesidades de
aquellas familias y usuarios que estén en una difícil situación económica y
acrediten no disponer de ingresos suficientes, con el doble objetivo de
aliviarles en el pago la renta para que puedan mantener sus viviendas y de
que no acumulen deuda.
La alcaldesa, Patricia Cavada, ha puesto de relieve “la importancia de poder
contar con estas ayudas por primera vez en la historia de la ciudad, una
cobertura social que es especialmente necesaria en la situación económica
actual condicionada por la aparición de la crisis derivada del Covid-19, que
ha puesto al límite a muchas economías familiares”.
No en vano, como ha resaltado, “esta línea de ayudas directas cubrirá las
necesidades de las familias y usuarios que estén en una situación de
vulnerabilidad que derive en una situación de desprotección y en dificultades para hacer frente al pago de la vivienda en la que tienen su domicilio habitual”.
“El Ayuntamiento tiene el compromiso de dar soporte y cobertura a las
familias isleñas que están en una situación de crisis, con consecuencias de
todo tipo que no les permiten el pago del alquiler de sus viviendas”. “Por ese motivo, una vez que hemos logrado sanear la situación económica de la
empresa pública Esisa, hemos podido poner en marcha acciones que sirvan
para paliar los efectos de esta situación de vulnerabilidad en las familias, dándoles soluciones integrales que pasan por el mantenimiento de sus
viviendas, para que puedan mantener la normalidad en sus vidas”, ha
añadido la primera edil.
La regidora ha añadido que “desde Esisa se han tramitado otros programas
de ayudas, como el de la Junta de Andalucía, pero la disponibilidad
presupuestaria no ha permitido cubrir las necesidades de todos los
solicitantes. Era por tanto el momento de acudir en defensa de la situación
de estas familias azotadas por la crisis y con claras dificultades para el
mantenimiento de sus viviendas”.
Hasta el 60% de ayuda se concederá
El porcentaje de ayuda económica que se podrá conceder será del 40%,
50%, y 60%, que irá en relación al tramo de ingresos económicos en que se
sitúe. Dicha ayuda económica se podrá conceder por un plazo máximo de
seis meses, y se podrán solicitar dos ayudas anuales, siempre que la
persona solicitante no adeude más de tres recibos de alquiler.
Del mismo modo, van a ser objeto de atención preferente de cara a obtener
estas ayudas aquellos colectivos con especiales dificultades para acceder a
una vivienda digna y que tienen necesidades específicas ya que por sus
circunstancias personales precisan de apoyo específico o singularizado. Es
el caso de víctimas de violencia de género, familias monoparentales,
familias en situación de riesgo o exclusión social, personas mayores de 65 años, y personas privadas del derecho de uso y disfrute sobre su vivienda
habitual y permanente en ejecución de un fallo judicial.
Hay que recalcar que los solicitantes deben disponer de la vivienda como
domicilio habitual, no encontrarse en el supuesto de ocupación de la
vivienda o presentar infracción grave en protocolo de convivencia,
incumpliendo las normas de policía e higiene. Además, todos los miembros
de la unidad familiar deben estar empadronados en la vivienda, residir en
ella, y tener una antigüedad mínima de un año empadronados en el
municipio de San Fernando.
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