El Plan de Inversiones e Infraestructuras para las  universidades arrancará con un aporte inicial de  80M€

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación pondrá en marcha de  forma inminente el Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras 2024-2027  con una dotación inicial de 80 millones de euros. Así lo ha puesto de manifiesto el consejero José Carlos Gómez Villamandos durante el acto de investidura del nuevo rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, a quien ha ofrecido la  lealtad institucional del Ejecutivo autonómico para dirigir “una institución muy  fortalecida, abierta al mundo y que ha intensificado su labor investigadora”.  

Este instrumento se articulará a través de tres ejes de actuación, de los que ya se  ha concretado el primero de ellos con esa cuantía y al que se sumarán los otros  dos, una vez que se perfilen los recursos de los que estarán dotados. El diseño de  dicho plan y su desarrollo está contemplado en el nuevo modelo de financiación  universitaria.  

Este primer capítulo se nutrirá de fondos transferidos anteriormente por la Junta de  Andalucía al sistema público y que no han sido ejecutados por las instituciones  académicas. Su asignación de 80 millones permitirá a las diez universidades llevar  a cabo actuaciones de mejora de dotaciones e infraestructuras en sus campus en  los próximos cuatro años. Esa inyección posibilitará que se afronten iniciativas que  son prioritarias para las universidades sin ver mermadas sus arcas. En el caso de  la UCA, ésta dispone actualmente de 30 millones en recursos de esta naturaleza.  

Nuevos proyectos

El segundo eje de actuación, que estará acogido a financiación europea,  posibilitará ejecutar intervenciones para promover la transformación digital y  energética en las instalaciones y dependencias universitarias; mientras que el tercer apartado contempla la puesta en marcha de nuevos proyectos apoyados con  fondos extraordinarios de la Junta en función de su viabilidad económica y técnica.  Para estas dos líneas de acción, “la Consejería está trabajando para afinar y poder  perfilar cuanto antes las nuevas aportaciones”, ha afirmado.  

En su intervención, el consejero ha destacado la “singularidad” de la Universidad  de Cádiz y ha ofrecido al rector la “colaboración y el diálogo permanente” con el fin  de impulsar los distintos campus con que cuenta esta institución académica. Al  mismo tiempo, ha querido agradecer la labor efectuada por el rector saliente,  Francisco Piniella, así como reconocer “su trabajo, dedicación, compromiso y  lealtad institucional”.  

Por otro lado, Gómez Villamandos ha explicado que la Junta está ultimando la  distribución de los fondos destinados al modelo de financiación universitaria para  este ejercicio, en el que se contempla la cláusula de salvaguarda para garantizar a  estas instituciones académicas los mismos recursos recibidos en el ejercicio  anterior más el incremento en el que se incluyen las retribuciones salariales de su  personal y los nuevos complementos autonómicos. La Consejería está haciendo  un esfuerzo para ultimar las variables y las operaciones de cálculo para ofrecer un  mayor margen de planificación a las universidades con el fin de que éstas tengan  a principios de cada ejercicio la certeza de los recursos económicos con los que  contarán. Se trata de un gran avance porque hasta ahora las instituciones  académicas andaluzas nunca han podido disponer de esta capacidad de  anticipación.  

La nueva planificación académica estará en mayo  

Asimismo, el consejero de Universidad se ha referido en su discurso a la nueva  planificación académica que contendrá la oferta de titulaciones de grado, máster y  doctorado para los próximos cuatro años, con posibilidad de revisión cada dos. La  previsión es que esté aprobada en el mes de mayo, logrando así que Andalucía  cuente con un nuevo mapa actualizado y competitivo después de más de una  década congelado, concretamente desde 2010.  

Esa programación formativa, a la que después le seguirá un proceso de verificación  de los títulos consensuados, se recoge en el Decreto de Ordenación de  Enseñanzas de Andalucía, en vigor desde este verano. Según ha matizado Gómez  Villamandos, “servirá, sin ninguna duda, para sacar el mejor rendimiento a todas  las potencialidades que tiene la comunidad”.  

Las instituciones académicas tenían hasta finales de 2023 para presentar sus  propuestas y, una vez cerrado el plazo, la Consejería de Universidad ya ha  comenzado a analizarlas teniendo en cuenta los criterios fijados en el decreto, entre  ellos, lo de territorialidad y de demanda social y laboral, además de otros criterios  como la suficiencia financiera o la disponibilidad de recursos de personal e  infraestructuras. En cualquier caso, el consejero ha querido insistir en que “las  universidades han entendido las claves del decreto, en el que se da prioridad a la  creación de los grados y másteres duales y los de carácter internacional”. 

Nuevo marco regulador universitario y de I+D+I  

Al margen de estas iniciativas, la Consejería de Universidad está inmersa en una  serie de reformas fundamentales para el sistema público universitario y para el  conjunto del sistema andaluz del conocimiento, entre las que destaca, en el plano  legislativo, la elaboración de dos nuevas normas reguladoras. Por un lado, la nueva  Ley Universitaria para Andalucía, que se prevé que esté aprobada este 2024; y,  por otro, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que estará en vigor el  próximo ejercicio, después de que el Consejo de Gobierno haya autorizado ya el  inicio de tramitación del anteproyecto.  

A ello se añade el reciente compromiso adquirido con las instituciones académicas  para asumir el coste de la cotización a la Seguridad Social de los estudiantes que  realicen prácticas en la Administración autonómica andaluza y en sus entes  adscritos con el objetivo de garantizar la protección social de estos jóvenes.  

De igual modo, en el área de la I+D+I, la Consejería de Universidad ha comenzado  a publicar, con el programa Emergia, las diferentes convocatorias de ayudas para  apoyar la carrera investigadora, que llevan aparejadas un presupuesto global de  casi 80 millones de euros. Junto a estas líneas de incentivos también están  planificadas las dirigidas a respaldar los proyectos de investigación.