San Fernando espera respuesta de la Junta desde octubre

El Ayuntamiento de San Fernando ha vuelto a reiterar hoy su ofrecimiento a la Junta de Andalucía para contar con una parcela pública municipal en la que construir un nuevo edificio para la comunidad educativa del CEIP San Ignacio que garantice que los niños y las niñas crezcan y aprendan en aulas dignas y seguras. Así lo han hecho saber en rueda de prensa la concejala de Educación, Pepa Pacheco, quienes han comunicado que el procedimiento administrativo y legal que certifica la declaración de ruina del edificio de Educación Primaria se ha culminado, trámite que a finales de la semana pasada se puso en conocimiento de todas las partes y con el que se abre una nueva fase en la que “seguir avanzando con el único objetivo de responder a las necesidades y demandas de la comunidad educativa”.

“Desde el Ayuntamiento siempre hemos querido avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas entre ambas administraciones, dentro del marco de competencias legales de cada una y de la mano de la comunidad educativa”, ha reiterado en la comparecencia ante los medios Pepa Pacheco. “En la reunión mantenida con las familias en octubre se nos trasladó la necesidad de que el San Ignacio siga existiendo y ya entonces le presentamos un borrador de convenio urbanístico a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, que hoy mismo volveremos a enviar, ya que no ha habido ninguna respuesta al respecto”, ha señalado la concejala del área. Este documento contempla la ampliación de las instalaciones educativas con la incorporación de una parcela colindante.

“Si no hay servicio de comedor en el centro educativo es exclusivamente por dejadez de la Junta de Andalucía”

El Ayuntamiento, en el borrador del convenio enviado, se compromete a realizar los trámites administrativos necesarios para “incluso costear la demolición del edificio” declarado en ruinas. “Estamos abiertos a esta o a cualquier otra alternativa, pero un convenio implica un compromiso de dos partes y los trámites, que en el caso de la Junta serían la redacción del proyecto y la movilización en los sus presupuestos de una partida específica, deben ir en paralelo”, ha alertado Pacheco, quien ha lamentado que la Delegación no tenga “la misma voluntad expresa que este Ayuntamiento en la búsqueda de soluciones conjuntas” a corto, medio y largo plazo con las que dar respuesta al alumnado y sus familias, al equipo docente y al personal de administración y servicios. En definitiva, el Ayuntamiento pide que se inicien los trámites para licitar el proyecto de obra por parte de la Administración regional.

“Desde el 31 de agosto, y para empezar el comienzo del curso a punto, iniciamos una serie de actuaciones que iban más allá de nuestras competencias como la mudanza del edificio de Primaria al de Infantil, la habilitación de la señalética o la instalación de nuevos estores y paneles de metacrilato, mientras seguimos a la espera de que la Junta asuma la instalación” de los módulos prefabricados necesarios para albergar la cocina que da servicio al comedor escolar, aseos y distintas dependencias administrativas. “Si no hay servicio de comedor en el centro educativo es exclusivamente por dejadez de la administración competente, que es la Junta de Andalucía”.

Reunión con Defensor del Pueblo

El pasado 23 de enero la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz había citado a todas las partes a una reunión que finalmente no se celebró tras una desafortunada conversación entre la Junta de Andalucía y personal técnico de la institución. En esa conversación la Junta trasladó que tanto las relaciones como el problema estaban encauzados y por buen camino, cuando la realidad es que la Junta está “alargando comprometer la construcción definitiva del nuevo centro, que es la única solución posible”. El Ayuntamiento ha vuelto a solicitar que se desarrolle esa reunión. “Este encuentro nos parece oportuno y urgente, ya que creemos que la mediación nos puede permitir desbloquear la situación”, ha anunciado Pacheco.

“Tenemos la sensación de que aquí no se está diciendo toda la verdad a las familias. La Junta trasladó a las familias que para poder asumir el compromiso de construcción de un nuevo centro se necesitaba un expediente de ruina. Curiosamente, cuando se le trasladó ese expediente, lo ha recurrido, y ahora está poniendo excusas para no asumir la construcción del nuevo centro”, ha añadido al respecto. Hay que recordar que fue un informe de la Junta de Andalucía el que puso de relieve la ruina técnica del edificio, que posteriormente fue ratificado por un segundo informe contratado a un arquitecto externo por parte del Ayuntamiento.

San Fernando trabaja “para que el San Ignacio sea un colegio de primera y no le falte ningún tipo de servicio”

“Hay que avanzar a corto, medio y largo plazo y hay que hacerlo ya. A corto plazo hay que darle de comer a las niñas y los niños, que ahora mismo está siendo atendidos con un catering de línea fría, y a medio plazo hay que cerrar y firmar un convenio para la construcción de un nuevo centro”, ha finalizado antes de reiterar que “el edificio de Primaria no se puede utilizar bajo ningún concepto.

El Ayuntamiento ha manifestado hoy que no va a poner en peligro al alumnado y que si la Junta de Andalucía quiere ir en contra de lo que dice el personal técnico que ha evaluado la estructura del edificio, “que asuman las responsabilidades de la seguridad de los niños, niñas y personal educativo”. Desde San Fernando, “vamos a seguir trabajando para que el San Ignacio sea un colegio de primera y no le falte ningún tipo de servicio, velando en todo momento por la seguridad de los niños y las niñas” y por la prestación de una educación de calidad y en igualdad de oportunidades.

Estado de ruina

El pasado mes de agosto se trasladó a las familias y la dirección del centro el dictamen técnico que confirmaba que la rehabilitación del edificio que alberga las aulas de Educación Primaria no es posible. Este determina como causa principal de su estado actual la mala calidad de los materiales empleados en su construcción, que se remonta a los años 70, y señala sobre todo a la porosidad excesiva del hormigón y, por lo tanto, la irreversible situación estructural del centro educativo. El dictamen corroboraba el informe sobre la patología de la construcción emitido en su momento por la propia Agencia Pública de Andalucía de Educación (APAE) de la Junta de Andalucía.

Los grandes municipios tienen en propiedad un gran número de edificios antiguos sobre los que ya no es posible actuar y el del San Ignacio es precisamente ejemplo de una deficitaria construcción deteriorada tras cinco décadas de uso. La Concejalía de Educación ha alertado que no es asumible que en la ciudad el 80% de los centros educativos tenga más de 30 ó 40 años. La apuesta por la educación pública debe traducirse en una inversión total por la renovación de todos estos centros obsoletos en infraestructuras y equipamientos.