El Grupo Municipal del Partido Popular solicitará el apoyo de la Corporación municipal para mostrar el rechazo del Ayuntamiento a la insolidaridad y perjuicios del cupo catalán para Cádiz, que pueden darse en forma de subida de impuestos o de reducción en su financiación.
Según la iniciativa que defenderán los populares, “con los impuestos y la pérdida del poder adquisitivo de los gaditanos se pagará el deseo de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder a toda costa, tanto en el Gobierno de España como en la Generalitat de Catalunya, pudiendo condenar a Andalucía y a Cádiz a tener peores servicios por privilegiar a Cataluña por mero interés de los votos”.
“No es entendible que nuestra ciudad pueda recibir peores servicios que cualquier municipio de Cataluña”, añaden, indicando que “es un grave error político y moral dinamitar nuestro modelo de convivencia y replantear por completo el sistema de financiación autonómica únicamente por asegurar una investidura”. Además, como ejemplo, explican que “este nuevo agravio supondrá que perdamos más de 131 millones de euros para el sistema andaluz de Dependencia ante el silencio cómplice, tanto del PSOE de Andalucía como del PSOE de Cádiz”.
El PP teme “una subida de impuestos, con menos dinero para los gaditanos”
Junto al temor a que las consecuencias del cupo catalán, y la consiguiente falta de Presupuestos Generales para este ejercicio, traiga “inicialmente una subida de impuestos, con menos dinero para los gaditanos”, también podría darse “en forma de ausencia de proyectos o estancamiento de los ya iniciados, empeorando los servicios públicos como la sanidad, educación y dependencia, ya que este dinero irá a parar a los privilegios del independentismo en Cataluña”.
Por esa razón, el Grupo Popular también exigirá al Gobierno de España convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local para promover una reforma del sistema de financiación local junto con la necesaria renovación del sistema actual de financiación autonómica, garantizando la suficiencia financiera autonómica y la prestación de servicios en igualdad de condiciones.
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