
La Junta de Andalucía ha dado un paso firme en la protección del territorio al paralizar la construcción de una urbanización ilegal en el paraje de Ribera de La Oliva, en Barbate. A través de un operativo conjunto entre la Consejería de Fomento, la Guardia Civil, la Policía Autonómica y la Policía Local, se ha procedido al precinto y a la suspensión del uso de 53 parcelas, donde se estaban realizando actos de construcción sin permisos, incluidos vallados y viviendas prefabricadas. La intervención se ha desarrollado en una zona de alto valor medioambiental, cerca del Parque Natural La Breña y Marismas de Barbate, donde ya se habían realizado operativos similares desde 2021.
Las parcelas afectadas se encuentran en suelo rústico común, en una zona de influencia del litoral y junto a la Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre. Las edificaciones ilegales, que no contaban con ningún tipo de autorización, podrían haber provocado un daño ambiental considerable, además de presentar un riesgo para los propietarios debido a la proximidad de algunas de las parcelas a zonas propensas a inundaciones. La Consejería de Fomento ha tomado medidas drásticas para evitar tanto el deterioro del entorno como la acumulación descontrolada de residuos generados por estas construcciones.
La intervención se enmarca dentro de la aplicación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que ha fortalecido las competencias de la inspección autonómica en materia de ordenación del territorio. Gracias a esta normativa, la Junta de Andalucía ha intensificado las sanciones no solo a los parceladores, sino también a aquellos que adquieren parcelas en estas urbanizaciones ilegales. En 2024, la Junta registró un récord de 2.149 actuaciones en materia de inspección urbanística, evidenciando un aumento de la eficacia y la determinación en la lucha contra la urbanización ilegal.
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