La Diputación concita una voz única de las corporaciones locales de la provincia en defensa de sus competencias como parte esencial del Estado

La Diputación de Cádiz ha concitado una voz única de todos los ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia en defensa de sus competencias, de su independencia y de su auténtica naturaleza como lo que son: una parte esencial del Estado. La presidenta Irene García ha leído un manifiesto en presencia de los representantes de las corporaciones locales, frente al monumento a las Cortes de Cádiz, en la Plaza de España de la capital de la provincia. “Hoy vivimos una jornada nunca antes vista”, ha señalado al comienzo de su intervención.

En una difícil lucha contra los efectos de la pandemia, “el poder municipal de la provincia de Cádiz reclama liberarse de tutelas y ser considerado como el ámbito de la administración más eficaz y eficiente en la gestión de los recursos públicos, la que de forma más directa viene dando respuesta a las necesidades de nuestros vecinos y la que padece una brecha de desigualdad a la hora de asumir competencias que deben soportar por la vía de los hechos ante la angustia de miles de familias sin poder contar con los recursos económicos necesarios para poder desempeñarlas”, ha indicado Irene García.

La presidenta de la Diputación, antes de exponer públicamente el manifiesto, ha explicado que la presencia de todos unidos por encima de las discrepancias políticas, “nos une algo muchísimo más fuerte, como es la defensa de los intereses de nuestras instituciones, lo que es tanto como decir de nuestros vecinos y vecinas”.

En el manifiesto leído por la presidenta de la Diputación las corporaciones locales de la provincia reclaman a la Junta de Andalucía dentro de sus competencias, “impulsar de manera inmediata instrumentos extraordinarios de generación de empleo, con el doble objetivo de paliar los efectos de la pandemia en nuestro mercado laboral y de propiciar una disminución de  la brecha de desigualdad que ya padecíamos antes del inicio de esta crisis”.

“Recibir la información necesaria, en tiempo y forma, para el ejercicio de nuestras responsabilidades institucionales en materia de prevención y combate de la pandemia”

“Percibir la financiación suficiente para poder sostener aquellos servicios y  políticas que, por la vía de los hechos y ante una situación de auténtica  angustia, nos hemos visto obligadas a asumir para no abandonar al más  completo desamparo a nuestros vecinos y vecinas”. 

“Contar con la seguridad jurídica y con la dotación económica suficiente  para poder aprobar y desarrollar mecanismos de ayuda que escapan a  nuestras competencias legales dirigidos a necesidades sociales y a sectores económicos especialmente afectados por la pandemia –como  los autónomos, el pequeño comercio y la hostelería-, que se están  viendo condenados a soportar sin respaldo alguno los rigores de la crisis”.  

El manifiesto también reclama al Gobierno de la Nación, paralelamente “y en el mismo ejercicio de nuestra responsabilidad como  responsables de la gestión de unas corporaciones que forman parte esencial de  la estructura del Estado”:

“La activación de mecanismos extraordinarios de auxilio que nos permitan  atender aquellas necesidades financieras que puedan derivarse de  necesidades sobrevenidas y ante las que carecemos de mecanismos de  respuesta”.  

“La toma en consideración de nuestra solicitud para que podamos ser  receptores y gestores directos de aquellos recursos económicos que se  dirijan a dar respuesta a las necesidades extraordinarias en el ámbito  territorial de nuestra competencia, de forma que nos liberemos de toda  intermediación o tutela”.  

Y finalmente, “la posibilidad de optar a la gestión directa de aquellos mecanismos  financieros procedentes de los fondos Next Generation, impulsados por la Unión  Europea para la recuperación europea, de los que podamos ser  beneficiarias”.

Irene García ha expresado el malestar municipal por la “soledad y el abandono” que viven durante el largo período de pandemia. “Los ayuntamientos estamos asumiendo una serie de competencias, servicios y  gastos sobre los que, en la mayoría de los casos, carecemos tanto de cobertura  legal como de dotación económica. Hoy, nuestros pueblos y ciudades, nuestra  provincia, están peor de como se encontraban antes del inicio de la crisis  sanitaria. Y la situación de los consistorios, lejos de haberse reforzado mediante  medidas de apoyo, no ha hecho sino debilitarse al vernos obligados a dar respuesta por la vía de los hechos a necesidades de extrema urgencia y  extraordinaria gravedad. Y todo ello sin el respaldo financiero suficiente”. 

La organización de este acto reivindicativo tuvo su origen el pasado 9 de marzo, tras las reuniones que mantuvo Irene García con los ayuntamientos y entidades locales autónomas en sendos consejos de alcaldías, en los que no se planteó objeción para la celebración del mismo.