El programa de la Tarjeta Monedero del Gobierno de Andalucía ha beneficiado a casi 70.000 andaluces

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha presentado al Consejo de Gobierno un informe sobre el programa extraordinario de la Tarjeta Monedero, destinado a la adquisición de bienes de primera necesidad por parte de familias vulnerables a causa de la pandemia por Covid-19. Esta medida ha beneficiado a casi 70.000 andaluces (69.531), lo que ha supuesto 102.753 recargas para 26.677 familias en total en Andalucía.

El programa extraordinario de garantía alimentaria se ha ejecutado mediante una subvención excepcional de 24 millones de euros (17 millones de euros iniciales que posteriormente se amplió en 5,5 y 1,5 millones) a Cruz Roja. Esta entidad ha sido la encargada de desarrollarlo en coordinación con los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos y diputaciones. De hecho, hasta 18.587 familias han sido derivadas desde estos recursos de las entidades locales.

El Gobierno de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, reaccionó con celeridad para atender las múltiples necesidades urgentes que surgieron con la pandemia, redefinió los recursos presupuestarios disponibles en el ejercicio 2020 y desplegó un conjunto de medidas para dar una respuesta inmediata, ante las graves situaciones de emergencia que estaban sufriendo muchas personas.

Según el balance presentado, el programa extraordinario ha cumplido sus objetivos, de forma que los andaluces con mayores dificultades por la pandemia por Covid-19 pueden desarrollar sus vidas con la mayor dignidad posible, sin que estas ayudas hayan supuesto un problema de estigmatización a sus beneficiarios.

El perfil de las personas usuarias, según recoge el informe, es medio y responde en un 76% a mujeres cuya edad ronda los 43 años. Además, en un 85% de los casos son de nacionalidad española y aproximadamente un 36% del total de estas personas nunca había necesitado ayuda desde los servicios sociales anteriormente.

Por otra parte, la entrega económica media por familia ha sido de 210,09 euros al mes en tres mensualidades. En el marco de emergencia en el que se ha desarrollado el proyecto, tanto la Consejería como Cruz Roja han destacado el hecho de que se haya gestionado hasta 24 millones de euros en el tiempo récord de 15 meses, con una ejecución del 71% del presupuesto en los 7 primeros.

Con la Tarjeta Monedero se ha llegado a 555 municipios, lo que supone el 71% de las localidades de toda Andalucía, abarcando así gran parte del mapa de la comunidad. Además, el proyecto ha contado con la colaboración de los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos en 336 poblaciones.

Este programa ha servido también para poner en práctica la aplicación informática Registro andaluz de prestaciones (RAP) de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, lo que ha supuesto una experiencia piloto para compartir datos de las personas con las que se trabaja en un mismo proyecto e intervención social. Todo ello, en el contexto del desarrollo del sistema ‘CoheSSiona’ para la implementación de la Historia social única electrónica en Andalucía.

Con el objetivo de facilitar la interlocución y la coordinación entre la Consejería de Igualdad, los servicios sociales comunitarios y Cruz Roja, se diseñó una gobernanza multinivel mediante la constitución de comisiones locales, provinciales y autonómica para el seguimiento y supervisión del programa.

Participación de 630 personas voluntarias

Para el desarrollo del programa extraordinario de la Tarjeta Monedero, Cruz Roja Andalucía ha contado con la participación de 630 personas voluntarias, que han invertido 22.365 horas, y un equipo técnico y de coordinación de otras 75 personas.

Además de cubrir las necesidades básicas de las personas en situación de emergencia, tanto desde Cruz Roja como de los servicios sociales comunitarios, se ha detectado la necesidad de recibir apoyo emocional, orientaciones para mejorar la empleabilidad, sobre economía doméstica, ahorro energético y asesoramiento en el acceso a recursos y prestaciones sociales. Para ello, se ha trabajado de modo integral con las familias con el objetivo de facilitarles la inclusión social a pesar de la urgencia en la gestión de las ayudas.

Estas ayudas tienen como beneficiarias a familias afectadas por las consecuencias económicas provocadas por la crisis del coronavirus: personas incluidas en ERTE; que hayan disminuido ostensiblemente sus ingresos; que hayan sufrido el despido de su puesto de trabajo durante la pandemia; andaluces retornados; familias monoparentales con menores a cargo; unipersonales, y, en general, todas aquellas personas que por su situación de vulnerabilidad necesiten de esta ayuda.

Su cuantía va desde 150 euros en el caso de una persona solicitante; 200 euros para familias de 2 y 3 personas, y 250 euros en el caso de 4 o más personas. Su importe se recarga mensualmente y es compatible con otras ayudas en los casos del Ingreso mínimo vital, Pensión no contributiva, Renta mínima de inserción social de Andalucía, Ayuda económica familiar y de emergencia y Becas de alimentación del Plan solidaridad y garantía alimentaria (SYGA).

Más de 100 millones en ayudas

El programa extraordinario de la Tarjeta Monedero de ayuda en materia de necesidades básicas complementa las medidas ya adoptadas por el Gobierno andaluz y la Consejería de Igualdad con el objetivo de proteger a la ciudadanía.

Desde el inicio de la pandemia, el Ejecutivo autonómico ha movilizado más de 100 millones de euros en ayudas, tanto ordinarias como excepcionales, contra la pobreza y la exclusión social, garantizando las prestaciones y los servicios públicos esenciales. Un compromiso con las personas más vulnerables y con las políticas sociales que tiene su continuidad en los presupuestos de 2021, que son los más sociales de la historia de la Junta de Andalucía. En el caso de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, el presupuesto alcanza los 2.259 millones de euros, un 3,4% más, lo que supone un incremento de casi 100 millones dirigido a las personas dependientes, en exclusión social y a las mujeres víctimas de violencia de género, entre otras.