El debate plenario de diciembre, que ha desembocado en la aprobación del proyecto de presupuestos de la Diputación para 2022, ha dado paso a las mociones presentadas por los grupos políticos en el último Pleno ordinario de 2021. Han sido un total de cinco, de las que han prosperado cuatro, si bien, ninguna de ellas por unanimidad, ya que en este apartado, el sentido del voto de los grupos Popular y Ciudadanos no ha coincidido con el resto (Socialista, Adelante Cádiz, Andalucía por sí y La Línea 100×100) en ninguna de las mociones.
Diferentes situaciones de precariedad han acaparado la discusión, así como una petición a la Junta de Andalucía, incluida en la moción presentada por el Grupo Socialista. La iniciativa trata de favorecer a los municipios de Los Barrios, Chiclana, San Fernando, Barbate, Conil, Cádiz, Vejer, Puerto Real y La Línea, que pese a cumplir los requisitos para obtener ayudas en la convocatoria de la Administración Autonómica de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la recuperación medioambiental y el uso sostenible de las playas del litoral gaditano, no han resultado beneficiados al quedarse fuera del corte de los finalmente seleccionados.
La moción, aprobada por todos los grupos con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Grupo Popular, insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que destine una financiación extraordinaria para atender a las 30 entidades locales andaluzas que cumplen los requisitos, pero han sido excluidas por no obtener una puntuación suficiente en la valoración o no alcanzar la puntuación mínima.
La situación laboral en la Bahía de Cádiz, tras el cierre de la factoría en Puerto Real de Airbus y las recientes negociaciones para la revisión del convenio del Metal, también ha sido debatida en la moción de Adelante Cádiz.
El acuerdo aprobado contempla diferentes aspectos: instar al Gobierno central a la derogación de la reforma laboral, (punto que el Grupo Socialista pidió que se retirara, pero que finalmente ha formado parte del texto aprobado) y a realizar una auditoría en Navantia; instar a la Inspección de Trabajo y a Fiscalía a actuar frente a cada incumplimiento del convenio; instar al Gobierno Central y la Junta de Andalucía a ampliar las inversiones en la transición ecológica y a defender todos los puestos de trabajo; e instar al Gobierno Central a realizar una reunión con las alcaldías de la Bahía de Cádiz para abordar la necesidad de poner en marcha un plan de transición ecológica y reindustrialización. Finalmente ha sido aprobado por todos los grupos, excepto el Grupo Popular y Ciudadanos, que se abstuvieron.
La situación laboral de las monitoras y monitores escolares en Andalucía, en su inmensa mayoría mujeres, ha generado también debate, a través de la moción del Grupo Andalucía por Sí, que en su exposición de motivos argumenta que la mejora de las condiciones de trabajo de estos profesionales emprendida por la Junta es insuficiente, ya que 285 monitoras, un 45% del colectivo, no experimentó ninguna mejora y sólo un 7% salió de la precariedad y fue contratada a jornada completa.
Por ello el Pleno ha aprobado instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a dar cumplimiento al compromiso aprobado por unanimidad del Parlamento para acabar con la precariedad laboral de las monitoras y monitores escolares en Andalucía. Todos los grupos votaron a favor excepto el Grupo Popular, en contra, y Ciudadanos, que se abstuvo.
La proposición del Grupo Izquierda Unida Andalucía en relación con la subida del coste por plaza para los centros de personas con discapacidad ha sido aprobada con el voto en contra de Grupo Popular y Ciudadanos.
La moción argumenta que el aumento propuesto por la Junta de Andalucía de un 2,6% para los centros para personas con discapacidad es insuficiente y que para poder garantizar el mantenimiento de la actividad, los servicios y los puestos de trabajo de muchos de ellos es necesaria una subida por encima del 10%. También alude a los fondos Next Generation, aún sin definir para este año que pronto acaba, como oportunidad para solventar las carencias de financiación de estas organizaciones de interés social
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