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El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha aprobado hoy por mayoría solicitar el inicio del expediente de expropiación por la vía de urgencia de los antiguos terrenos de Delphi con motivo de la aprobación de la modificación puntual de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP). Dos parcelas de 166.462 y 266.761 metros cuadrados en las que se encuentran estos terrenos.

El Ayuntamiento exige un uso industrial compatible con la salud pública del barrio del Río San Pedro

El Equipo de Gobierno ha exigido a la APBC que “garantice que los terrenos no se utilizarán para almacenamiento de graneles y que cualquier actividad que allí desarrolle no afectará, en ningún caso, a la salud pública de los vecinos y vecinas de la barriada colindante del Río San Pedro”.

Desde el Ayuntamiento han explicado que la posición que ha mantenido en el Consejo de Administración de la APBC ha sido “continuar con un trámite que se inició hace cinco años” de cara a la futura utilización de los terrenos de Delphi para “uso portuario, logístico e industrial y, por ende, para crear empleo estable y de calidad en la Bahía de Cádiz”.

Según ha señalado, las diferentes empresas portuarias y los trabajadores y trabajadoras del puerto han manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de suelo portuario, así como la oportunidad que suponen los antiguos terrenos de Delphi. Por tanto, ha apoyado la expropiación a favor de la APBC “en coherencia con lo que hemos votado en los últimos cinco años, y en coherencia también con esa visión de que el puerto de Cádiz debe crecer y mejorar su capacidad para generar riqueza y empleo estable”.

Condición imprescindible

Como “condición imprescindible” para su apoyo, se han exigido “garantías de que los terrenos no se destinarán al almacenamiento de graneles y que cualquier tipo de actividad portuaria deberá ser controlada, contar con todas las medidas de seguridad y que no afecte en nada a la salud pública”. Igualmente, ha reclamado que el proceso se desarrolle “con la participación de los vecinos y vecinas del Río San Pedro para que tengan claridad y total seguridad sobre la actividad que allí se va a desempeñar”.

También ha enfatizado que el Ayuntamiento de Cádiz estará “vigilante” para que la presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, “cumpla su palabra de que allí no se ubicará ningún almacén de graneles y que los suelos se destinarán a un uso industrial que genere puestos de trabajo”.

El gobierno local ha recordado que “los terrenos de Delphi llevan 15 años cerrados a cal y canto” y hasta que se inició este proceso, en 2017, “no había ninguna intención para dar salida a unos terrenos que siguen vacantes y sin uso”.

Por otra parte, ha lamentado el voto contrario de la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya. Esta se haya posicionado a favor de los intereses de un proyecto privado de uso deportivo en dichos suelos frente a un uso público de carácter industrial. En este sentido, ha reflexionado que, “ante la sangría de empresas que acumula la Bahía, no es de recibo que un representante público defienda un proyecto del cual solo se conoce una lona y que supone perder terreno industrial”. 

Elena Amaya: “Lamentablemente, me he quedado sola diciendo no a la llegada de graneles»

Las reacciones han llegado por todas las partes. Así la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ha maniestado que “la Autoridad Portuaria, con el sorprendente voto a favor del Ayuntamiento de Cádiz, con el alcalde, José María González, a la cabeza, ha aprobado la llegada de naves de almacenamiento que acogerán graneles”.  

Durante el encuentro, se ha puesto de manifiesto las diferencias de posturas entre el Ayuntamiento de Puerto Real y el resto, porque “lamentablemente, esta alcaldesa se ha quedado sola defendiendo los intereses del municipio y diciendo no a la llegada de graneles”. El único voto en contra ha sido el de Elena Amaya, el resto de consejeros, salvo alguna abstención, ha votado a favor. 

Sobre este asunto, Amaya resalta que “en el expediente de la Autoridad Portuaria se dice literalmente que en ningún caso habrá graneles a la intemperie, y en eso se escudan para justificar el proyecto, algo que me sorprende, porque todo el mundo sabe que el problema con los graneles se genera en la manipulación, cosa que saben en el Río San Pedro y de lo que tienen conocimiento tanto la presidenta de la APBC, Teófila Martínez, como el alcalde de Cádiz, José María González”.  

Elena Amaya insiste en que “hoy sale perdiendo la ciudadanía de Puerto Real, más concretamente de la zona del Río San Pedro, que ve cómo se apuesta por un proyecto que entraña riesgo para la salud del entorno y que impide un desarrollo industrial de futuro y que facilite el crecimiento de nuestra localidad”. 

“No vamos a desistir, porque Puerto Real merece decidir su presente y su futuro y se está cometiendo una injusticia con la gente de nuestro municipio”, ha concluído.  

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