FOTO; Diputación de Cádiz
Diputación de Cádiz cerró el año 2015 con una deuda comercial, ante bancos y entidades financieras, de 123 millones de euros (exactamente 123.321.039 euros); en la actualidad este índice se sitúa en 23 millones de euros (23.154.478). Esta reducción fue cifrada por el responsable del área de Servicios Económicos, Juan Carlos Ruiz Boix, en la última sesión del Pleno de la Corporación Provincial.
Los datos expuestos por Ruiz Boix se conocieron en el curso de la presentación de una modificación presupuestaria, que planteaba la amortización de préstamos por un importe cercano al millón de euros.
El Pleno aprobó la citada modificación presupuestaria, que ahora se encuentra en periodo de exposición pública, y que permitirá a Diputación amortizar de manera anticipada 995.027 euros. Este fondo procede del Plan Invierte: en su edición de 2018 se dedicaron a este programa 11 millones de euros (10,5 para inversiones financieramente sostenibles y 500.000 euros para reparaciones en carreteras).
Ruiz Boix explicó en el Pleno que, tras las contrataciones resueltas por los ayuntamientos, se producen diferencias económicas entre el presupuesto que se licita y el definitivamente adjudicado. En virtud de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera estos remanentes deben dedicarse a la amortización de deuda.
“Desde mediados de 2015 –fecha en la que se constituye el primer gobierno de Diputación presidido por Irene García- hemos dedicado todos los recursos disponibles a programas de empleo, como es el caso de los Planes de Cooperación Local o el Invierte. La reducción del endeudamiento, aunque no es una prioridad política, es una exigencia legal que estamos resolviendo con rigor tal como se demuestra con las actuales cifras y con la evolución de los últimos cinco años”, ha manifestado Juan Carlos Ruiz Boix.
La tendencia inversora del gobierno de Diputación se ha confirmado desde mediados de marzo, desde que sobrevino la crisis por la pandemia. Desde entonces se han movilizado casi 30 millones de euros a través de modificaciones presupuestarias y nuevos programas específicos frente al COVID-19.
El responsable del área de Servicios Económicos también valoró ante el Pleno la iniciativa del Gobierno estatal de suspensión de las reglas fiscales, y por tanto del techo de gasto, en los ejercicios 2020 y 2021 como medida temporal frente a las consecuencias de la pandemia.
Esta decisión se justifica en la necesidad de movilizar toda la inversión pública para mitigar los estragos del COVID y dinamizar la economía y el empleo. Afecta al superávit de 2019 y, de hecho, “ya estamos analizando la manera de utilizar estos recursos”, indicó Ruiz Boix, quien sí avanzó próximas inversiones en carreteras de la red provincial.
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