La presidenta de Diputación, Irene García, ha suscrito un préstamo a largo plazo, cifrado en 33 millones de euros. El dinero servirá para financiar inversiones en los municipios de la provincia de Cádiz. La operación se ha concertado con Unicaja, entidad que ha estado representada por su director de Segmento del sector público en Andalucía, Joaquín Ruiz del Portal. Esta iniciativa del gobierno de Diputación fue aprobada por el Pleno de la institución provincial en la sesión extraordinaria celebrada el 28 de abril.
El préstamo se amortizará en 11 años (diez, más uno de carencia) a partir del ejercicio de 2022. Se ha cerrado con un interés fijo al 0,12 por ciento. El área de Servicios Económicos de Diputación, antes de seleccionar la propuesta más ventajosa, abrió un proceso de consulta con una docena de entidades financieras para recabar las diferentes ofertas del mercado financiero. La operación elegida se liquidará en el año 2032.
“Disponemos de recursos para financiar inversiones en los municipios de la provincia de Cádiz, resolver necesidades de los ayuntamientos, crear empleo e incentivar la actividad de empresas locales”. Manifestó Irene García tras cerrar la operación. La presidenta de Diputación considera que esta operación puede concretarse “gracias a una gestión económica responsable” que ha logrado reducir sensiblemente la deuda viva de la institución provincial, pese “a una movilización de recursos sin precedentes”. De hecho, tras la irrupción de la pandemia, se alcanzó una inversión de más de 27 millones de euros gracias a la agrupación de programas extraordinarios. En el presente 2021 se han fortalecido dichos programas, además de crear instrumentos nuevos, elevando el saldo inversor hasta los 50 millones de euros.
El Plan Dipuinver de la Diputación de Cádiz
Esta operación permite a Diputación liberar partidas de gasto corriente con las que se sostienen iniciativas como los Planes extraordinarios de Empleo. Los recursos del préstamo financiarán inversiones (como sucede con el Plan Dipuinver) que no están rígidamente supeditadas al cierre de cada ejercicio presupuestario. Es decir, se pueden resolver en plazos más amplios, abriendo el margen de maniobra a los ayuntamientos para la resolución de actuaciones de especial magnitud.
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