El Ayuntamiento de San Fernando va a hacerse cargo de las obras que necesita el CEIP San Ignacio, que arrastra graves problemas estructurales y donde hace unos días se produjeron desprendimientos del techo, ya que la administración competente, la Junta de Andalucía, no asume su responsabilidad ni da soluciones, y desde el Gobierno municipal “queremos poner por delante de todo debate la seguridad de los menores y de la comunidad educativa de este colegio”.

Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, que ya ha informado a la dirección del centro, al AMPA del San Ignacio y a la Flampa (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) de San Fernando de que ha dado las directrices al personal técnico municipal para que trabajen en la redacción del proyecto y en la licitación para ejecutar la obra del centro San Ignacio.

Cavada ha resaltado que “vamos a hacernos cargo de esta obra que no es de nuestra competencia porque lo principal es que no haya riesgos para los niños y niñas, y porque ante todo hay que velar por la calidad de la educación, aunque esta Junta de Andalucía no quiera entenderlo”.

Eso sí, la regidora ha dejado muy claro que “aunque no vamos a dejar pasar ni un día más y vamos a actuar, posteriormente reclamaremos judicialmente esa cantidad invertida a la administración que tiene las competencias y la que le corresponde actuar ante problemas estructurales como el del CEIP San Ignacio”.

Cavada ha lamentado “la falta de actitud de la Junta de Andalucía ante un problema tan grave como el de este colegio”, y ha recriminado que “los cambios de criterio y posicionamiento de la Junta de Andalucía han sido continuos, ya que un día informan de que van a actuar y de que tienen 60.000 euros para invertir en el centro (y así se lo comunican al propio Defensor del Pueblo Andaluz), y al día siguiente la delegada de Educación, Isabel Paredes, se descuelga diciendo que le corresponde hacer la obra al Ayuntamiento”.

“Sin duda, este caso ha demostrado la falta de voluntad de la Junta de Andalucía por atender los problemas de la ciudadanía, dando bandazos y echando balones fuera, buscando la polémica en lugar de priorizar lo más importante: la seguridad de los menores que acuden cada día a este colegio”, ha apuntado la alcaldesa.

En esta situación, “y ante la evidencia de que la Junta no va a dar ningún paso y no va a cumplir los compromisos adquiridos con el AMPA del centro y que había comunicado incluso a la Oficina de la Infancia y Adolescencia de Andalucía del Defensor del Pueblo Andaluz, desde el Ayuntamiento nos vamos a hacer cargo de la situación, y por eso ya hemos iniciado el procedimiento para poder licitar las obras”.

A este respecto, Cavada ha recordado que “si la Junta hubiera iniciado los trámites administrativos  cuando lo dijo en su momento y hubiera hecho lo que le prometió a los padres y madres cara a cara, ahora no tendríamos que esperar y ya estaría hecho”.

La alcaldesa ha insistido hoy en “la dejadez y la falta de preocupación ante los riesgos” que ha demostrado la Consejería de Educación, y en particular su delegada territorial en Cádiz, y ha recordado que en el caso del San Ignacio “estamos ante un problema estructural de las cubiertas, acreditado por informes técnicos, que trasciende el mantenimiento habitual y ordinario que realizan los ayuntamientos en los colegios de Primaria, y que se centran en cambio de puertas o ventanas, arreglos eléctricos, pintura, pequeñas obras para reparar grietas… etc.”.

En el caso del CEIP San Ignacio, como ha recordado la primera edil, “la Junta de Andalucía ya realizó en 2013, como era su competencia, una obra que no estuvo bien ejecutada y que ha arrastrado problemas hasta hoy. Por eso, corresponde de nuevo al Gobierno de Juanma Moreno realizar esta nueva actuación, y por eso una vez que la hayamos ejecutado les reclamaremos la cantidad invertida”.

Y es que, como ha puntualizado Cavada, “tenemos que hacer esta obra que no le corresponde al Ayuntamiento para dejar de hacer otras que sí son de competencia municipal como acerado o mantenimiento urbano”.

Del mismo modo, la alcaldesa ha hecho hincapié en que este centro tiene ya 50 años de antigüedad, y su mal estado ha entrado ya en una situación irreversible en la que acumula deficiencias estructurales que hacen necesaria una reforma integral del inmueble.

Además, hay que resaltar que el Ayuntamiento ya ha acometido esta pasada primavera una actuación urgente el mal estado evidente de la fachada trasera del colegio, que da a una calle pública, para evitar así los posibles daños a escolares, transeúntes o coches aparcados por la posible caída de cascotes de las vigas voladas. Las obras permitieron intervenir en el forjado de cubierta del edificio sede del AMPA, donde se habían detectado fisuras y grietas en cuatro de sus viguetas, así como la colocación de redes de protección en varias fachadas.