El Defensor del Pueblo y Cavada refuerzan su alianza en defensa de los derechos sociales

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, y la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, han mantenido una jornada de trabajo centrada en la defensa de los derechos de la ciudadanía y en la necesidad de reforzar la respuesta de las administraciones ante problemas que afectan directamente a la vida diaria.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la preocupación por la situación de la sanidad y la dependencia en Andalucía. Cavada denunció los retrasos en intervenciones médicas y en la resolución de expedientes, subrayando el impacto que estas demoras tienen en las familias isleñas. En este contexto, recordó la reciente remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio como una apuesta del Ayuntamiento por dignificar las condiciones laborales y fortalecer la gestión pública.

La alcaldesa también reclamó una mayor inversión en infraestructuras educativas, advirtiendo de la antigüedad de muchos centros escolares en la ciudad. “Tenemos grandes profesionales en la educación pública, pero es necesaria una apuesta decidida por renovar las instalaciones”, señaló. Asimismo, defendió la construcción de vivienda pública, destacando promociones como las 81 viviendas sociales en régimen de alquiler impulsadas con fondos europeos y municipales.

Maeztu Cavada San Fernando servicios públicos

Por su parte, Maeztu reafirmó el carácter independiente e imparcial de la Defensoría, definiéndola como una institución “sin colores; con causas”. Calificó de “inaceptable” que haya ciudadanos que esperen años para recibir ayudas al alquiler o una valoración de dependencia, alertando del “limbo jurídico” que sufren algunas personas con discapacidad mientras aguardan el reconocimiento oficial de su grado.

El Defensor también puso el foco en la infancia y la adolescencia, entregando en la ciudad uno de los accésit de los XVIII Premios de la Defensoría al IES Sancti Petri, reconocido por su compromiso con la integración juvenil.

Ambos coincidieron en la necesidad de reforzar la colaboración institucional para garantizar servicios públicos de calidad y proteger a quienes más lo necesitan.

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