Este martes se ha celebrado el primer pleno ordinario de Juan Carlos Ruiz Boix como presidente de Diputación de Cádiz. Una de las primeras cosas ha sido la toma de posesión del diputado provincial Víctor Mora Escobar, del partido judicial de Sanlúcar, que sustituye a Irene García, y que, según ha anunciado Ruiz Boix, se hará cargo de la gestión económica de la institución, en concreto en el Área de Servicios Económicos, Hacienda y Gestión Tributaria.

Esta sesión ha servido para hacer realidad dos nuevos planes de inversiones en obras públicas de la Diputación. Las obras del Dipu-Inver 2022 y los Planes Provinciales de Obras y Servicios 2020-2023, así como las modificaciones presupuestarias necesarias para su ejecución, han sido debatidas y aprobadas por vía de urgencia y van a poner en movimiento 40,8 millones de euros para la provincia de Cádiz, cifra obtenida tras la suma de ambos planes.

Manuel Chacón, diputado de Desarrollo Local, ha explicado que se han presentado por urgencia tras apurar los plazos para poder incluir todas las demandas que han planteado los ayuntamientos de municipios y ELA. Como novedades, la agrupación de los Planes Provinciales de Obras y Servicios en un programa plurianual y el hecho de que por primera vez serán financiados al 100 por 100 por la Diputación. Esto representará 546.000 euros de ahorro para los ayuntamientos al año, lo que asciende a más de dos millones sumando los cuatro años en que se ejecuta, según los datos que ha revelado el diputado.

El Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2022-2023, supondrá un total de 10.699.865,28 euros. Por otro lado, el Dipu-Inver 2022 asciende a 30.129.040,72 entre 2022 y 2023. En 2022 se ejecutará el 70% y el resto en 2023.

Repercusión de estos planes

Juan Carlos Ruiz Boix, ha querido exponer cuál es la repercusión real que tienen en la provincia estas actuaciones, y ha usado de ejemplo otros dos programas de inversiones, en este caso en ejecución, que también han tenido protagonismo en el debate plenario. Se trata del Plan Dipu-Inver 2021 y el Plan Dipu-Invierte 2021. El presidente ha recordado que entre ambos suman 36,9 millones de euros, y que propician una previsión de contrataciones, entre empleos directos e indirectos, de 5.239 personas.

Los ayuntamientos de los municipios y ELA están teniendo dificultades para cumplir con los plazos establecidos en estos planes. Por ello, por unanimidad, el Pleno ha aprobado ampliar el plazo de ejecución y justificación de ambos para dar respuesta a sus demandas de habilitar una prórroga. En principio, estaba previsto como plazo máximo de finalización el 1 de diciembre, y de justificación, hasta el 15 del mismo mes. Con el acuerdo plenario se ha aprobado un aumento de plazos de 8 meses para el Dipu-Inver y de 7 para el Dipu-Invierte, el máximo legal, y se da respuesta así al contexto de circunstancias excepcionales de inflación y dificultad de suministros.

Gestión económica

En el apartado de gestión económica, Ana Carrera ha informado de una modificación presupuestaria de algo más de 1.543.000 euros que se van a destinar  “fundamentalmente a cuestiones de publicaciones, actividades formativas, desarrollo de smart cities, vida y salud, convenios con ayuntamientos, actividades deportivas y culturales”. La nueva portavoz del Grupo Socialista, según se ha oficializado en este mismo Pleno, ha dado cuenta al mismo sobre el informe de control financiero permanente definitivo en materia de contratos menores, que ha sido calificado como “muy positivo” por el presidente Ruiz Boix.

La licitación de servicios y aprovisionamientos ha acaparado varios puntos del orden del día. Se ha aprobado una propuesta de iniciación de un expediente de contratación para el servicio de limpieza en el Palacio Provincial, el Edificio Roma y las oficinas de atención a la drogodependencia de la Diputación, por valor de más 3,2 millones de euros, por un período de tres años, prorrogables a otros dos. Mismo plazo que establecerá el pliego para la contratación del suministro de vestuario del personal de la Diputación, en este caso por valor de 377.543 euros, divididos en cuatro lotes. Del mismo modo, el Pleno ha aprobado el inicio de otro expediente para erradicar plagas de termitas.

 Además se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 937.000 euros, cantidad que se empleará en la ayuda a domicilio a personas dependientes, y se ha aprobado la revisión al alza de las tarifas del Servicio Público Provincial de Tratamiento y Reciclado de Escombros.

Proposiciones

El debate de las mociones presentadas por los grupos políticos ha generado un alto porcentaje de acuerdo, pues se han aprobado a excepción de uno, todos los puntos sometidos a debate. 

Grupo Socialista

De este modo, se ha alcanzado la unanimidad en la proposición del Grupo Socialista sobre el ‘Bono de alquiler joven’ que solicita a la Junta de Andalucía que “a  la mayor brevedad posible establezca los mecanismos administrativos que agilicen el acceso a estos Bonos de Alquiler Joven” y a “la realización de campañas informativas dirigidas a los jóvenes de todos los municipios andaluces”. 

Otra moción, para reconocer la labor de los profesionales de la abogacía que desempeñan su labor en el turno de oficio, y que se incrementen las compensaciones económicas que reciben por su servicio, también la han respaldado todos los grupos. La tercera propuesta socialista también ha sido aprobada, si bien el Grupo Popular se abstuvo, para que se reconozca y retribuya la turnicidad en sus jornadas laborales de los enfermeros y enfermeras del Servicio Andaluz de Salud.

Grupo Izquierda Unida Andalucía

 Por unanimidad ha prosperado la proposición del Grupo Izquierda Unida Andalucía para combatir la pobreza infantil, que exige la elaboración de un plan contra la pobreza en menores e insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a implantar un paquete de 14 medidas encaminadas a este fin. Al igual que la otra moción de este grupo, sobre el cierre del Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa. Todos los grupos han instado a la Dirección de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, Sasemar, y a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a mantener su ubicación actual y a revocar la decisión de cerrarlo y trasladar su plantilla al de Algeciras.

Grupo Adelante Cádiz

También relacionada con las políticas migratorias, la proposición del Grupo Adelante Cádiz, de apoyo a la campaña iniciativa legislativa popular ‘Esenciales’, que aboga por una regularización extraordinaria de personas inmigrantes sin permisos legales de residencia, se ha aprobado con las abstenciones del Grupo Popular y Ciudadanos. El Grupo Adelante Cádiz también ha presentado una propuesta relativa a la inclusión de intérpretes de lengua de signos en los actos públicos de la Diputación y que facilite a las personas con discapacidad auditiva o sordociegas cualquier trámite o gestión que necesiten
realizar en esta administración, aprobada por unanimidad.

Grupo Ciudadanos

El Pleno además ha secundado una moción en torno a las personas celíacas y sus familiares, con una situación agravada al tener que asumir sobrecostes por la inflación de los precios para los productos que pueden consumir. Esta moción del Grupo Ciudadanos se ha aprobado con la abstención de Adelante Andalucía y solicita al Gobierno ayudas o deducciones fiscales, así como declarar el apoyo institucional de la Diputación a este colectivo, entre otras medidas.

Grupo Popular

A propuesta del Grupo Popular, con el voto en contra del Grupo Izquierda Unida, se ha instado al Gobierno de España a impulsar la aprobación de los Diplomas de Acreditación específicos de educadores en diabetes, que es la credencial que certifica que el profesional sanitario ha alcanzado las competencias y los requisitos de formación continuada. El Grupo Popular también ha encontrado el apoyo del resto de formaciones del Pleno, salvo Adelante Cádiz, que votó en contra, en su moción sobre el Centro Comarcal de Desarrollo Infantil y Atención Temprana ‘Bajo Guadalquivir’. En ella, se pide que la Diputación Provincial colabore económicamente con las obras de ampliación de este equipamiento para cubrir la demanda existente y que se inste al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, a la Consejería de Asuntos Sociales y al Ministerio de Asuntos sociales a que participen en la financiación necesaria para las obras.