Juan Carlos Ruiz Boix exige a la Junta que aclare su postura respecto a Valcárcel y deje de buscar excusas

“Si la Junta de Andalucía no quiere rehabilitar el Edificio Valcárcel que lo diga cuanto antes. Pero que no busquen más culpables y que reconozcan abiertamente que nunca han creído en este proyecto”, ha razonado el presidente de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix. Esta reflexión se produce tras conocer las declaraciones públicas del consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, quien ha acusado al titular de la Diputación de Cádiz de querer “sabotear” la conversión del citado inmueble en Facultad de Ciencias de la Educación.

El presidente de Diputación lamenta que la Junta “exhiba” que incluye dos millones de euros en sus presupuestos frente a una “presunta” ausencia inversora por parte del resto de instituciones públicas. “Demuestra que ni siquiera ha leído el borrador de convenio que trasladó la Universidad de Cádiz. Si lo hubiera hecho comprobaría que, por ejemplo, en el caso de Diputación nuestra aportación económica de tres millones de euros se destinará a la adquisición del 50% del equipamiento de todo el centro universitario y que, dicho pago, se hará efectivo en el año 2025. Es un compromiso aceptado en la reunión que celebramos en octubre en Sevilla y que así se plasmó por la UCA en el documento”. En cualquier caso “es una obviedad que la Junta, por una cuestión elemental de competencias, debe financiar la mayor parte de los costes, tal como ha hecho en operaciones similares como en Málaga o en Sevilla”.

Ruiz Boix reitera que una de las bazas de esta operación -“que parece que la Junta también obvia”- es la cesión gratuita del inmueble durante el plazo de 50 años. “Hablamos de un bien cultural valorado en 30 millones de euros”, expone el presidente de Diputación.

La Universidad de Cádiz remitió el 14 de noviembre el borrador de convenio para regular la recuperación del Edificio Valcárcel. “Desde Diputación sólo tardamos diez días en contestar planteando nuestras enmiendas después de un estudio jurídico, económico y patrimonial. En concreto, en el texto rectificamos el coste de la operación –de 43,9 a 49,9 millones de euros- insistiendo por tanto en que quedasen muy claros los seis millones de euros dedicados al equipamiento y que cubriremos en un 50%”. Es decir: “Insistimos en que quedase muy claro la inversión que asume Diputación, sin escondernos, sin buscar subterfugios ni recursos de mal pagador. Frente a esa diligencia la Junta ha tardado más de dos meses en responder y lo hacen torpedeando el proyecto”.