Isabel Rodríguez García, ministra de Vivienda y Agenda Urbana
El Gobierno de Pedro Sánchez afronta un nuevo revés parlamentario después de que Junts haya mantenido su rechazo a los dos reales decretos de vivienda que el Ejecutivo llevó este viernes al Congreso para su convalidación.
La decisión de la formación independentista era clave para el futuro de las dos iniciativas. Junts había reclamado al Gobierno que retirase los decretos y elaborase un nuevo texto negociado. Al no aceptar el Ejecutivo esa petición, la formación de Carles Puigdemont confirmó su voto negativo.
Los dos decretos incluían medidas relacionadas con la protección frente a determinados desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la protección de los arrendatarios y distintas medidas fiscales relacionadas con la vivienda. El segundo texto planteaba además la renovación automática de determinados contratos de alquiler.
Un Gobierno obligado a negociar cada votación
La posición de Junts vuelve a poner de manifiesto la dificultad del Ejecutivo para reunir una mayoría parlamentaria estable.
La formación catalana ha defendido que las medidas planteadas por el Gobierno no solucionan, a su juicio, el problema de acceso a la vivienda y ha presentado una propuesta alternativa. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha reclamado al Ejecutivo que retire los decretos y negocie un nuevo texto.
El Gobierno, por su parte, decidió mantener las dos normas y confió hasta el último momento en que Junts modificara su posición o se abstuviera. Fuentes de Moncloa señalaron este viernes que el Ejecutivo no estaba barajando en ese momento una convocatoria electoral y que quería centrarse en la votación parlamentaria.
¿Puede haber elecciones anticipadas?
La derrota parlamentaria ha abierto de nuevo el debate sobre la continuidad de la legislatura.
En las últimas horas han aparecido informaciones sobre sectores del PSOE y del entorno del Gobierno que consideran la posibilidad de un adelanto electoral si los decretos no salen adelante. RTVE señala que dirigentes socialistas ven la convocatoria como una opción ante el escenario parlamentario actual.
Desde Moncloa, sin embargo, se insiste en que no existe una decisión tomada sobre una convocatoria electoral. EFE recogía este viernes que fuentes del Gobierno aseguraban que “hoy no toca” hablar de elecciones y que el Ejecutivo quería concentrarse en la votación de los decretos.
El debate también ha llegado a otros partidos. El PP ha reclamado públicamente a Sánchez que convoque elecciones si los decretos son rechazados, mientras Coalición Canaria también ha planteado esa posibilidad en caso de que finalmente decaigan las medidas.
El 29 de noviembre, una fecha que aparece en las quinielas
Si el presidente del Gobierno decidiera disolver las Cortes y convocar elecciones de forma inmediata, el calendario previsto por la legislación electoral situaría las elecciones generales en torno al 29 de noviembre, al tratarse del primer domingo que se alcanzaría tras el plazo legal correspondiente.
Esa fecha, no obstante, no supone una convocatoria electoral. Se trata únicamente de un escenario calculado a partir del calendario legal en caso de que Sánchez decidiera disolver las Cortes.
Por ahora, el Gobierno mantiene públicamente que no ha tomado esa decisión. La votación de los decretos de vivienda añade, en cualquier caso, un nuevo elemento de incertidumbre a una legislatura marcada por la necesidad del Ejecutivo de alcanzar acuerdos con diferentes grupos parlamentarios para sacar adelante sus iniciativas.
Junts reclama una nueva negociación
Tras confirmar su voto negativo, Junts ha entregado al Gobierno una propuesta alternativa en materia de vivienda y ha planteado que pueda servir como punto de partida para elaborar una nueva norma con mayor respaldo parlamentario.
El Ejecutivo tendrá ahora que afrontar las consecuencias políticas de la votación y determinar si continúa buscando acuerdos parlamentarios para mantener la legislatura o si, finalmente, considera otras opciones.
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