La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha informado al Consejo de Gobierno de que ya ha abonado 12,58 millones de euros en ayudas de 3.000 euros a 5.009 pymes pertenecientes al pequeño comercio, la artesanía y establecimientos de restauración de la provincia de Cádiz. De ese importe, 6,12 millones se corresponden con incentivos concedidos y pagados a 2.445 firmas del pequeño comercio y la artesanía y 6,46 millones, a 2.564 empresas de restauración gaditanas.

Esta convocatoria de subvenciones, financiada con Fondos FEDER, está destinada a dotar de liquidez a las pymes que operan en estos sectores, muy castigadas por la pandemia, contribuyendo con ello a evitar el cierre definitivo de sus negocios, la pérdida de empleo y el daño irreversible a la estructura productiva y social de Andalucía.

Al margen de los 5.009 expedientes ya cerrados, se encuentran en avanzado estado de tramitación otros 244, que se cerrarán en las próximas semanas.

Proceso de solicitud

El departamento que dirige Rogelio Velasco ha aplicado una serie de medidas encaminadas a agilizar y simplificar tanto el proceso de solicitud como el de tramitación, con el fin de que todo el procedimiento se pudiera resolver cuanto antes. De hecho, el grueso de las ayudas se ha resuelto y abonado en cuatro meses, lo que constituye un periodo de tiempo muy corto para el procedimiento que se suele seguir con los incentivos que cuentan con Fondos Europeos.

Para lograrlo, a los interesados tan solo se les ha exigido rellenar el formulario de la solicitud y presentarlo telemáticamente. Además, para la acreditación de los requisitos que exige la normativa europea en la gestión de sus recursos se está utilizando por primera vez la tecnología RPA (siglas en inglés de Robotic Process Automation), que permite la consulta de información y la lectura documental a través de procesos automatizados. Para ejecutar esas tareas y tramitar el volumen de solicitudes recibidas, la Consejería de Transformación Económica ha contratado 35 robots, que se han encargado de realizar la multitud de operaciones requeridas para la resolución de las subvenciones.

El programa concede 3.000 euros por solicitud en régimen de concurrencia no competitiva, es decir por orden de presentación de la solicitud hasta el agotamiento del crédito asignado. El abono de los recursos se ha hecho por el 100% de la cuantía, tal y como se recogía en las bases de la convocatoria. En el caso de haber sido beneficiario de la ayuda de 1.000 euros procedente de la Consejería de Empleo, la cuantía a percibir ha sido de 2.000 euros.

Dotar de liquidez a las pymes

Las subvenciones tienen como finalidad dotar de liquidez a las pequeñas empresas y se destinan a compensar los gastos realizados en el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y el 14 de marzo de este año para adquirir materias primas y existencias, abonar alquileres, suministros (agua, electricidad, telefonía y gas) y gastos de personal.

Estas ayudas directas también se pueden emplear para pagar los servicios de limpieza, seguros, seguridad, mantenimiento y reparación de vehículos relacionados con la actividad o para sufragar medidas protectoras y equipamiento necesario para hacer frente a la COVID-19 (mamparas, equipos de protección o test), entre otros conceptos.

Estos incentivos están dirigidos a las pymes, es decir, empresas con una plantilla inferior a los 250 trabajadores y una facturación no superior a los 50 millones o bien un balance inferior a 43 millones. Estas pequeñas y medianas empresas han de estar encuadradas en los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondientes a los sectores de comercio y restauración. En el caso de las pymes artesanas, deberán estar inscritas en el Registro de Artesanos de Andalucía.

Entre otras condiciones exigidas, se encuentran la de contar con el domicilio fiscal en Andalucía, desarrollar la actividad con anterioridad al 14 de marzo de 2020 y mantenerla vigente hasta que se presente la solicitud. Asimismo, estas pymes han tenido que acreditar una caída de ventas o ingresos motivada por la pandemia de al menos un 20% en 2020 respecto a 2019 y demostrar que no se encontraban en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019.

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