El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha puesto en valor  el “diálogo” con el Ayuntamiento de Cádiz para garantizar que los terrenos cedidos para la Ciudad de la Justicia cuentan con la edificabilidad necesaria ya que “trabajando juntos es como se encuentran soluciones”, por lo que agradeció el “esfuerzo” conjunto realizado por ambas administraciones.

El consejero ha explicado, en respuesta a una pregunta parlamentaria en el Pleno, que nada más tomar posesión del cargo, él y su equipo analizó el proyecto básico elaborado por Tragsatec para la Ciudad de la Justicia de Cádiz, observando que en el acuerdo de cesión de los terrenos en los antiguos depósitos de Tabacalera se indicaba que los suelos tenían una edificabilidad inferior a la necesaria para acoger todos los órganos judiciales de la ciudad, salvo la Audiencia Provincial que se quedará en su actual ubicación.

Solución para desbloquear el proyecto

“Llamamos al Ayuntamiento de Cádiz para concertar una cita y fuimos cuando nos dijo el alcalde que nos podía recibir y llevamos una solución”, ha señalado. La misma consiste en llevar al Pleno municipal una aclaración del PGOU que el regidor se comprometió a incluir en la sesión de octubre porque “entiendo que necesita tiempo para prepararlo”, de ahí que no pudiera tratarse en el Pleno celebrado ayer.

Nieto ha hecho hincapié en que desde la consejería se han buscado soluciones consensuadas con el Consistorio. “No hemos insultado a nadie, no hemos criticado a nadie, no hemos recogido firmas en contra de nadie”, ha subrayado.

Con la aclaración del PGOU que aprobará el Pleno en octubre, se garantiza el 100% de edificabilidad en los terrenos de los antiguos depósitos de Tabacalera cedidos por el ayuntamiento para la futura Ciudad de la Justicia hasta casi 40.000 m². De estos, unos 35.000 se destinarán al proyecto actual para albergar todos los órganos judiciales de Cádiz y otros 5.000 se dejarán reservados para futuras ampliaciones, de forma que Cádiz tendría resuelto para décadas sus problemas de sedes judiciales.

El próximo noviembre expira el plazo de 9 meses previsto para redactar el proyecto básico, con un presupuesto de casi 500.000 euros, tras lo cual la previsión es incluir en los Presupuesto de 2023 una partida para el proyecto final en base al cual se sacará la obra a licitación para empezar los trabajos lo antes posible.