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En 2018 el documental “La Gran Ola” mostraba las posibilidades reales y las creencias científicas de que un tsunami de olas de entre 5 y 15 metros pudiera llegar a las costas de la Península Ibérica tarde o temprano. No es una exageración, sino una posibilidad real. Y ante ello, la Junta de Andalucía prepara un plan de contingencia y actuación ante el riesgo de maremotos en sus costas.

Desde la Consejería de Presidencia se explica, no obstante, que “no hay previsión de tsunami pero hay que estar preparados“. Y aunque las opciones a día de hoy son remotas -de que haya un tsunami- es más que evidente que una preparación es necesaria. Sobre todo en la zona del litoral gaditano y onubense. Y es que en la zona del Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar donde confluyen la placa tectónica euroasiática y la africana, los riesgos son mayores. Pero ya se trabaja en el análisis de riesgo de la costa oriental (Almería, Granada y Málaga).

El documento contempla programas de información a la población que permitan establecer también sistemas de autoprotección. Además se pretende reflejar la situación actual del planeamiento y establecer unas instrucciones básicas que den respuesta a una eventual emergencia ante riesgo de maremotos en las costas andaluzas.

Herramientas para la población


Ante una previsión, no hay nada mejor que una preparación. De ahí este plan de contingencia que ayude en caso de maremoto en las costas. En una nota enviada a los medios aseguran que para la elaboración del mismo, se ha contado con el programa Europeo Copernicus EMSN-078, que ha creado una simulación de la peligrosidad y vulnerabilidad de las costas andaluzas susceptibles de ser alcanzadas por este fenómeno, así como la inundabilidad de las playas y municipios de las mismas. Se trata de un proyecto dirigido conjuntamente por la Agencia Espacial Europea (ESA) y por la Unión Europea a través de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

El plan también contempla la organización de programas de información a la población, que permita, mediante el conocimiento del fenómeno, establecer sus propios sistemas de autoprotección. Además, se tienen en cuenta en todas sus fases las distintas necesidades de las personas con discapacidad, estableciendo protocolos de actuación específicos para garantizar su asistencia y seguridad.

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