Según Diputación la Junta es quien debe asumir las competencias sanitarias sobre el Virus del Nilo

Un informe resuelto por la asesoría jurídica de Diputación concluye que “es competencia de la Junta de Andalucía la ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos, incluyendo, entre otros aspectos, la salud laboral, y la vigilancia epidemiológica. Estas competencias incluyen las acciones sanitarias permanentes en materia de enfermedades transmisibles y la antropozoonosis (transmitidad de animal a persona)”. En esta tesitura se incluye el plan de choque que la administración autonómica ha diseñado frente al virus de la fiebre del Nilo Occidental, según ha confirmado el vicepresidente segundo de Diputación y responsable de su área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, Mario Fernández.

El documento ya se ha trasladado a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz con el ánimo de delimitar las facultades de cada entidad pública. “Diputación y los ayuntamientos no pueden resolver una obligación que compete a la Junta. Podemos colaborar, pero no asumir un peso económico y material que no nos corresponde. No es admisible que intenten escurrir el bulto, delegando en otros las soluciones. En la provincia de Sevilla la administración autonómica ha licitado y contratado –con su propio presupuesto- las tareas de fumigación en varios municipios”.

Más allá de estas comunicaciones con los ayuntamientos, la presidenta de Diputación, Irene García, ha enviado cartas al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, reclamando la asunción de responsabilidades por parte de la Junta.

Control en La Janda

Diputación, desde el año 2006, lleva a cabo una campaña para controlar las poblaciones de mosquitos en una zona restringida de La Janda, concretamente en el triángulo que conforman los municipios de Vejer, Benalup-Casas Viejas y Barbate, si bien este servicio –de asistencia a los ayuntamientos- es de carácter ordinario y difiere de un plan de choque diseñado frente a una emergencia sanitaria.

Mario Fernández ha explicado que “desde la Junta de Andalucía se esgrime que son los municipios los competentes para la protección de la salud. Esta afirmación es incompleta. De hecho, en nuestro informe jurídico, se reconoce que los ayuntamientos sí tienen potestad para ejercer tareas de vigilancia o control (las denominadas de policía), pero no se les puede exigir actuaciones de choque como las referidas por la Junta en su plan”.

El vicepresidente segundo de Diputación añade, en relación a las exigencias de la Junta de Andalucía que “el plan carece de valor normativo para establecer esas obligaciones. La Junta, con los ayuntamientos, pueda transferir la competencia mediante ley; delegarla o establecer una encomienda de gestión pero, en todos esos casos, debe aportar recursos económicos y técnicos para llevar a cabo el servicio”.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Mario Fernández, ha recordado además las advertencias expresadas por el Colegio de Veterinarios de Cádiz: “Hay que evitar exponerse a la picadura de los mosquitos, pero tampoco hay que generar alarma social ni podemos ejecutar campañas de fumigación indiscriminadas que, además de ineficaces, resultan un despilfarro de fondos públicos si no se hace un estudio de prospección previo”.

En ese sentido ha lamentado la carrera por reclamar el empleo de medios aéreos para fumigar, cuando el propio subdirector general de Protección de la Salud de la Junta de Andalucía –en un reciente encuentro convocado para dar a conocer las previsiones del plan de choque frente al virus de la fiebre del Nilo Occidental- “manifestó la necesidad de abandonar los tratamientos aéreos, ya que la aplicación terrestre es mucho más eficaz y más respetuosa con la salud y el medio ambiente”.

De hecho Diputación, en el proceso de su campaña ordinaria, adjudicó la prestación del servicio a través de medios terrestres –por su eficacia y garantía medioambiental-, si bien en el pliego de la licitación también se admitían fumigaciones aéreas. Las empresas que concurrieron a esta convocatoria optaban, conforme a sus criterios profesionales, por los tratamientos terrestres.

La campaña anual de Diputación ya está en periodo de evaluación de resultados. Los datos preliminares apuntan a la casi inexistencia de larvas en las zonas donde se aplicaron los tratamientos correctores, según ha indicado Mario Fernández. Las fumigaciones cesaron el 15 de septiembre, conforme al plazo autorizado por la Junta de Andalucía en atención a la fecha límite establecida para no perjudicar los periodos de reproducción de las aves insectívoras y no alterar la cadena trófica.