El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el alcalde de Cádiz, José María González, han firmado hoy un protocolo para detectar y sancionar las actividades ilegales en materia de turismo, con especial mención a la prestación del servicio de información por parte de los guías turísticos, para garantizar que quienes desarrollen esta actividad estén en posesión de la habilitación necesaria.

El Ayuntamiento arbitrará medidas para el control de los servicios turísticos en su término municipal, fundamentalmente mediante la detección de aquellos que se encuentren en situación de clandestinidad.

“El sector turístico se ha convertido en un sector estratégico y tenemos que velar desde la cooperación institucional para que tenga las mejores personas cualificadas y los profesionales que velan por la calidad se sientan protegidos. Este convenio viene a reforzar la seguridad y la calidad de este destino, que ha disfrutado de un verano espectacular”, ha considerado el consejero de Turismo.

Foto: Junta de Andalucía

La Consejería, por su parte, suministrará al Ayuntamiento la información necesaria para que pueda llevar a cabo las actuaciones necesarias para el ejercicio de sus competencias, y dará el apoyo necesario, principalmente en materia de interpretación normativa.

Aunar esfuerzos entre las instituciones públicas

El protocolo tiene vigencia de dos años, prorrogable otros dos, y contempla la creación de una comisión, con representantes de la Junta y del Ayuntamiento gaditano, que se reunirá al menos una vez al año para hacer balance y proponer mejoras a las medidas adoptadas.

Con esta acción se colabora con la oferta legal frente a la competencia desleal en un momento especialmente importante para este sector y para quienes han hecho y están haciendo un sobreesfuerzo por mantener su actividad.

El auge y desarrollo del turismo en Andalucía ha implicado un aumento considerable de los prestadores de servicios turísticos, lo que a su vez deriva en el consiguiente incremento de la repercusión que la actividad turística genera en el territorio.

Se hace, por tanto, necesario aunar esfuerzos entre las diferentes instituciones públicas con competencias en la materia, para velar por el correcto cumplimiento de las normas y de los requisitos exigidos a la oferta turística, detectando servicios que se presten sin la oportuna habilitación legal o que ejercen una indeseable competencia en el mercado, ajena al control de la actividad.

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